Lograr acceso a una profesión cuesta trabajo. Luchar para permanecer dentro también cuesta lo suyo.

Estos dos aspectos de la vida profesional –lograr acceso primero y después luchar por permanecer dentro– se conocen como el “licenciamiento” y la “disciplina”. Ambos conforman el “Derecho Disciplinario Profesional”.

El costo del Derecho Disciplinario no incluye únicamente los gastos de admisión, educación continuada y trámites administrativos. Existen otros “costos” colaterales e intangibles como los que se manifiestan en el pavor con que estudiantes se enfrentan a una reválida, la ansiosa incertidumbre con que abogados y abogadas reaccionan a una querella y el desasosiego con que médicos se someten a un juicio. He observado también estos “costos”, por ejemplo, en jueces y juezas que a penas pueden lidiar con la mancha que supone meramente haber sido señalados en un proceso disciplinario, aun cuando al final hayan salido absueltos.

A pesar de que el licenciamiento y la disciplina le cuestan tanto al profesional, es un área de su vida a la que normalmente presta poca atención. Quien entra en una profesión quiere ejercerla y obtener un beneficio en el proceso, usualmente dinero. Quiere abrir su consultorio, recibir pacientes, facturar al plan. Quiere tener clientes, asesorarles, hacerles la contabilidad, cablearles sus residencias, desatascar sus desagües, defenderlos en los tribunales. Ni el licenciamiento ni la disciplina generan ingresos para el que las experimenta. Es natural entonces que, como norma general, el profesional se dedique más a ejercer su profesión y menos a asuntos no lucrativos como el licenciamiento o la disciplina.

Esta manera de pensar plantea un serio problema para el profesional cuando se desatienden por completo las obligaciones relacionadas con su permanencia en la profesión. También constituye un riesgo cuando adquiere dimensiones colectivas, esto es, cuando los colegios profesionales tampoco prestan atención a estas materias. Por un lado, la desatención de los asuntos éticos y disciplinarios por parte del profesional propicia que se cometan errores que luego terminan en una querella en su contra. Por otro lado, cuando los colegios y agrupaciones profesionales prestan poca o ninguna atención a estos asuntos, ello propicia una falta de información generalizada entre sus miembros.

Sin armas para enfrentar querellas profesionales

Cuando llega la querella o señalamiento ético, el profesional que hasta ahora se había dedicado más a su profesión (léase, a hacer dinero), se ve de pronto sin armas ni medios para defenderse. No cuenta con un sistema de defensas o doctrinas legales. Ni siquiera sabe a quién acudir. Le invade el desasosiego y la incertidumbre. Es entonces cuando el proceso, lejos de ser un mecanismo equitativo y nivelado para ventilar las imputaciones contra el profesional y para que éste defienda en buena lid su título y su honra, se parece más al desigual y unilateral proceso de la inquisitio medieval. El acusado se presenta ante el panel de inquisidores y se somete al rigor de la Ley como pueda.

Este cuadro, real y cotidiano en la mayoría de las profesiones, hace indispensable un cambio de actitudes individuales y colectivas de la vida profesional.

Para evitar esto, cada profesional debe:

1. Asumir la responsabilidad individual de mantenerse informado de las obligaciones éticas y legales de su profesión. Ello puede lograrse mediante la asistencia y aprovechamiento de talleres y seminarios en ética y profesionalismo (requeridos en la mayoría de las profesiones). Puede lograrse también mediante la lectura de artículos relacionados con el tema y la participación activa de foros cibernéticos dedicados a estos asuntos.

2. Incorporar la teoría disciplinaria a su vida y al ejercicio diario de su profesión, sobre todo en materia de prevención. Existen talleres y artículos especializados dirigidos a proveer las herramientas y consejos necesarios. En ellos se enseña al profesional desde la forma correcta de diseñar un contrato de servicios profesionales, la utilización y alcance real de los relevos de responsabilidad “waivers of responsibility”, identificación de conflictos, hasta las técnicas más efectivas de cómo manejar las reclamaciones de clientes insatisfechos, entre otros.

3. Conocer los grupos profesionales, de discusión y de asesoría que pudieran serle de utilidad en caso de enfrentarse a una querella disciplinaria.

4. Exigir que las agrupaciones profesionales a las que pertenece se conviertan en facilitadores para la ayuda directa a miembros sometidos a procesos disciplinarios, así como para la discusión de las normas y teorías éticas y disciplinarias a través de talleres, foros y publicaciones.

Una Teoría General del Derecho Disciplinario: Clave para la reducción del costo

Bien implementadas, todas estas acciones tendrán el efecto inmediato de que el profesional conozca la “Teoría General de Derecho Disciplinario”, o lo que es lo mismo, que comience a concebir los asuntos éticos y disciplinarios como una “Disciplina” que le sirva de guía para: (1)  la prevención de problemas de tipo disciplinario y (2) para el desarrollo de una defensa efectiva en caso de que haya de enfrentarse a un dilema de esta naturaleza.

El dominio de la “Teoría General de Derecho Disciplinario” le brinda al profesional un catálogo de derechos, garantías, defensas y atenuantes, así como un sistema de doctrinas y precedentes que le garantizarían un proceso más justo, permitiendo que el trámite disciplinario sea realmente adversativo en lugar de inquisitorial.  El profesional dejará entonces de ser un ente pasivo para convertirse en un sujeto de Ley y en Ley.  Será un individuo en plenitud de derechos con las destrezas suficientes para identificar y prevenir posibles errores en el ejercicio de su profesión. Tendrá tambiénla sabiduría y capacidad necesarias para poder defenderse de imputaciones frente a un juzgador imparcial si tuviera que hacerlo.

Por: Luis J. Marín Rodríguez

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