‘Bisturí’ a la fiscalización

Por Melissa Correa Velázquez

EL VOCERO

02 de noviembre de 2009 04:00 am

Luego de pasar por la tormenta pública de fraude en licenciamiento y arrestos federales que incluyeron a parte de sus directivos, la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica –anteriormente Tribunal Examinador de Médicos- se encuentra en “estado de indefensión”, según su presidente Richard Martínez Andino.

El organismo encargado de pasar juicio y adjudicar querellas de impericia médica, además de evaluar el licenciamiento de médicos acusados de delitos, no cuenta con oficiales examinadores, por lo que desde julio pasado no se ha visto caso alguno.

Aunque no pudo precisar la cantidad de casos pendientes, Martínez Andino admitió que son cientos los que esperan por vista administrativa. Los oficiales examinadores, quienes fungen como jueces en el proceso administrativo, son abogados que se contratan para esta labor. Las operaciones de la Junta requieren de, al menos, cuatro abogados, pero los contratos del nuevo año fiscal no se han firmado, a excepción de uno.

Los oficiales examinadores tienen a su cargo determinar si un galeno violó los reglamentos médicos. Así mismo, se necesitan abogados por contrato que hagan la función de fiscal en muchos de los casos administrativos. En este proceso también se pasa juicio sobre médicos acusados. Entre el 2007 y el 2008, las autoridades federales acusaron a casi un centenar de médicos por la práctica ilegal de la medicina en Puerto Rico. Debido a problemas en el pliego acusatorio, se radicó una acusación enmendada. A unos 14 galenos que inicialmente habían sido acusados le fueron desestimados los cargos, pero muchos de ellos no han recuperado sus licencias porque el sistema de evaluación y adjudicación de querellas en la Junta está inoperante, según fuentes de EL VOCERO.

“Estamos en un estado de indefensión. Llevamos desde julio que no podemos ejecutar, ni defender casos”, dijo el presidente de la Junta al ser confrontado con la información. No obstante, señaló que los contratos para los oficiales examinadores están en proceso de revisión. Destacó que le presentaron la situación a la subsecretaria del Departamento de Salud, Concepción Quiñones de Longo, porque los contratos tienen que ser firmados por el Secretario. Las fuentes de este rotativo aseguran que inicialmente la consulta de los contratos fue a La Fortaleza y se detuvo el trámite por la ausencia de un Secretario en propiedad. Martínez Andino destacó la diligencia de la única abogada contratada, pero el sistema no funciona con una sola persona en esas funciones.

Un ‘tsunami’ la Ley 7

La situación de la Junta se complicó a finales de septiembre cuando se hizo público el impacto de la Ley 7 en las agencias de gobierno, ya que se quedaron con 11 empleados en comparación con los 33 que tenían originalmente.

“La Ley 7 nos impactó severamente… hemos tocado puertas, pero este sistema fiscal ha sido como un tsunami”, dijo el Presidente.

Martínez Andino explicó que las plazas que se eliminaron fueron las de técnicos, quienes trabajan con la licenciatura, la revisión de exámenes y el cotejo de la documentación. “A veces hay incertidumbre y ansiedad por no poder cumplir con la ley y quedar como ineptos”, dijo el funcionario. Comentó que las personas que van a ser cesanteadas de la Junta siguen ayudando. “Hay mucha gente comprometida, son personas leales al sistema”, añadió.

Mientras tanto, el presidente de la Junta anticipó que para el 2010 esperan tener un sistema automatizado para ofrecer servicios a los 11 mil médicos en Puerto Rico. “El web site on line está hecho, pero depende del personal de computadoras del Departamento de Salud”, indicó.

La Junta fue creada luego de la derogación del Tribunal Examinador de Médicos (TEM) por iniciativa legislativa del hoy vicepresidente de la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló, tras acusaciones federales por fraude en el otorgamiento de licencias en ese organismo. El nuevo estatuto derogó la reválida ‘criolla’ y dispone que los candidatos a ejercer la medicina en Puerto Rico tomen un examen de licencia médica de Estados Unidos, conocido como el ‘United Status Medical License Examination’.

En agosto del 2007, se acusaron 88 galenos junto al ex director ejecutivo del TEM, Pablo Valentín, quien hizo alegación de culpabilidad por irregularidades en el otorgamiento de licencias a galenos. También fue acusada la ex secretaria, Yolanda Rodríguez. En noviembre de 2008, se radicaron más acusaciones contra galenos y los ex presidentes del TEM, Margarita Perocier y Rafael Jiménez Méndez.

La Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica está compuesta actualmente por los doctores Martínez Alonso, Carmen González Keelan, Antonio Silva Iglesias, Alejandro Román y Edwin Mejías. El doctor Jorge Sánchez renunció recientemente para aspirar a la presidencia de la Universidad de Puerto Rico.

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