El juez Baltasar Garzón

El generalísimo Francisco Franco yace bajo tierra hace más de 35 años, pero no descansa en paz. Su nariz sobresale de la tumba en el Valle de los Caídos y, por mala suerte, parece que aún respira. Contra esa protuberancia puntiaguda choca el pie del supermagistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, quien está a punto de perder el equilibrio ante el fuerte hálito fascista que, en las semanas pasadas, lo acusa ante el Tribunal Supremo de haber hecho mal su trabajo de juzgar.

Esta reveladora imagen del caricaturista Eneko, publicada en el blog Cero Interés, detonó mi reflexión sobre la causa penal contra Garzón a consecuencia de la pirueta jurídica que inventó para que los tribunales españoles reabrieran las fosas de los miles de muertos de la dictadura. Por medio de una de las maromas legales más ingeniosas y más atrevidas de los últimos tiempos, Garzón gestó una interpretación fantasmagórica del derecho que le permitió realizar lo que a pocos mortales los dioses han concedido. Armado con la espada de la ley, el escudo de la pluma, y seguido por las cámaras, se travistió de héroe y bajó al Hades a buscar en el círculo de los sátrapas el inquieto espíritu del Generalísimo –y los de 34 de sus esbirros militares–, para someterlos por unos instantes a la justicia de los vivos.

Luego de escuchar las denuncias de las Asociaciones de Memoria Histórica que representan a los familiares de las víctimas, Garzón abrió un proceso contra los fantasmas de Franco y los 34 amparado en una genial teoría jurisdiccional que ahora lo ha convertido a él en acusado de delito. Justificó la procedencia de su investigación en que el golpe de estado que llevó al poder de facto a la camarilla se cimentó en un plan orquestado para eliminar sistemáticamente a sus opositores, entregándolos a la muerte. Dicho plan macabro, deduce el juez, se materializó por medio de una maquinaria sangrienta que devoró y logró desaparecer no tan solo al poeta Federico García Lorca, sino a 114,265 personas que se fueron al más allá por la vía rápida.

Al darle una vuelta literaria al tornillo de la resolución dictada por Garzón, puede verse con claridad que su lógica jurídica se nutre de una ficción reparadora contra el secreto y el olvido. Hasta tanto los registros demográficos no remitieran las actas de defunción de Franco y los demás asesinos, la Audiencia Nacional retendría jurisdicción sobre sus fantasmales señorías para rememorar sus antiguos actos criminales. Sólo al activar ese procedimiento de archivo en los expedientes de Garzón, podrían declararse extinguidas las acciones penales. Ello tendría el efecto procesal de cerrar el caso ante Garzón y devolverlo a los tribunales locales para que fuesen éstos los que ordenasen las exhumaciones. Si inhumar fue lo que hizo el régimen para enterrar la utopía, sería fundamental exhumar para reconstruir la memoria que aplacase el sufrimiento de las víctimas y sirviese como antídoto de la repetición del absurdo nefasto.

Para la derecha española, antes fanática de Garzón, este nuevo malabar garzoniano constituye no sólo una ofensa contra su ancestro ideológico, sino también una violación al artículo 446.3 del Código Penal, que es el que tipifica como delito la prevaricación, o el acto de un juez que emite una resolución injusta a pesar de que sabe que lo hace.

Para la izquierda española y para la fanaticada progre a nivel internacional compuesta por los que admiramos el activismo judicial heterodoxo de este letrado cazafantasmas, Garzón no ha incurrido en prevaricación ni nada que se le parezca. Todo lo contrario: sólo ha hecho sin miedos su trabajo, tal y como lo hizo al procesar a Augusto Pinochet, preso en Londres.

Aunque en 1977 fue decretada la amnistía prácticamente general de los responsables de las detenciones ilegales y las desapariciones, al igual que en Argentina y Chile, el perdón ansiado no pudo otorgarse en España por decreto. Las heridas han continuado prácticamente intactas gracias a que la impunidad tuvo el efecto de interrumpir la comunicación entre el pasado y el presente. Hasta cierto punto, el ingenio jurídico y el temperamento de Garzón al invocar los muertos y traerlos al banquillo, como si la sala 5 de la Audiencia Nacional que preside fuese una sede espiritista, ha sido el vínculo estatal que la ha restablecido.

Paul Ricoeur insiste en varios tipos de olvido, entre ellos el inexorable –que es el más temido porque supone la desaparición de todas las huellas– y el voluntario, que es el que permite la “posibilidad de hacer promesas”. Para el filósofo, es evidente que hay que olvidar de alguna forma para poder deshacerse del peso del mal y hacerles espacio a nuevos compromisos. Así, no es difícil comprender el fracaso de la amnistía y por qué aún los fantasmas del fascismo pretenden despojar a Garzón de su cargo. Es más fácil silenciar a quien juzga que debatir promesas democráticas sobre las criptas del totalitarismo.

En ese sentido, apoyar la resolución de Garzón y celebrar su osadía es directamente proporcional a condenar la participación del brazo político de ETA (Batasuna) en los ayuntamientos vascos y la intromisión de la Iglesia Católica en los centros educativos públicos. Sin embargo, no todos los que se identifican con la izquierda están dispuestos a censurar sin cortapisas los apoyos civiles de los terroristas, ni todos los seguidores de la derecha se decantan por afianzar el laicismo en las instituciones estatales. Lamentablemente, 35 años después de la supuesta muerte de la ideología del Generalísimo, muchos ciudadanos insisten en que hay diferencia entre los asesinatos en sí y el marco conceptual que conminó a tantos a pensarlos.

El olvido voluntario del franquismo cónsono al apoyo masivo hacia Garzón incluye que la sociedad en pleno señale la función entorpecedora de los aires que salen de aquella nariz insepulta caricaturizada por Eneko. Sólo así ningún otro funcionario que intente hacerle justicia a los que no tienen voz verá su independencia amenazada por semejante traspiés. Si a alguno de los miembros de la polis corrupta hay que facilitarle que asuma nuevos compromisos ante el olvido inexorable es al juzgador, precisamente.

El autor es abogado y escritor. Su blog legal disciplinarium.com está dedicado a explorar asuntos sobre ética y disciplina profesional. Esta columna fue publicada originalmente en el periódico El Vocero de Puerto Rico. Foto cc por Argentinako Presidentetza.

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